La principal desventaja del consumidor que contrata mediante comercio electrónico es que no tiene la posibilidad de un examen o evaluación física previa del bien o producto a adquirir, lo que le genera una inicial desconfianza. Además, actualmente en el ámbito del comercio por parte del empresario se practican prácticas agresivas comerciales, que colocan a los consumidores ante presiones de las que les resulta muy difícil escapar, siendo «compelidos» en cierta forma a contratar. Pero esta desventaja es paliada con una facultad o derecho atribuido al consumidor que puede devenir de una práctica comercial, de la voluntad de las partes, o como es frecuente actualmente puede ser atribuida legalmente por una normativa especializada. En este sentido el libro pretende establecer mediante la legislación comparada en especial la española y europea la necesidad de esta figura jurídica como mecanismo de protección de los consumidores en esta clase de comercio.