Se necesita avanzar en el reconocimiento de la naturaleza pluricultural de la sociedad peruana, y promover prácticas de equidad social entre pueblos que históricamente han sido víctimas de la discriminación. Generar también nuevas formas de convivencia social basadas en la interculturalidad y el respeto de las diferencias. En nuestros días amplios sectores de la población continúan siendo víctimas de racismo y discriminación. Resulta revelador el testimonio de Jorge Ramírez Reyna, representante de los afroperuanos en la Comisión Nacional de Pueblos Andinos y Amazónicos (CONAPA), instancia ahora clausurada: “En pleno siglo XXI, los negros no podemos ingresar a una discoteca o a otros servicio públicos, los negros no podemos ser miembros de la Marina de Guerra del Perú, ahí los puestos sólo son para gente blanca, como dicen los medios de comunicación masiva, en donde se ridiculiza y humilla nuestra imagen”1. Hay que superar esta pesada herencia de “discriminaciones estatutarias”, que prohibidas por la constitución existen en la realidad. ¿Por qué no beneficiarse mutuamente de la rica diversidad humana y cultural del país? Hay que liberarse de estos anacronismos coloniales que obstaculizan el desarrollo pleno de la sociedad. Cada colectividad humana tiene una experiencia propia y habilidades particulares para contribuir al desarrollo armónico de la nación. Esa es la lección que se saca de la elección de un presidente negro en un país de mayoría blanca.

 

La educación intercultural está en concordancia con el Objetivo Estratégico 2 del Proyecto Educativo Nacional (PEN), aprobado en el 2007, que manda establecer un marco curricular nacional compartido, plural e inclusivo, que posibilite una “mayor pertinencia tanto con la cultura y la lengua de cada población como con las diversas realidades sociales, económicas y geográficas del país”. Se busca establecer “una perspectiva intercultural a la enseñanza en todos los niveles educativos a fin de posibilitar una ciudadanía inclusiva e intercultural que conozca, respete las diferencias socioculturales y rechace toda forma de racismo y discriminación”. Que este documento no quede como letra muerta.

 

Al no prestar debida atención a la alteridad, nuestra educación nacional no incorpora debidamente la diversidad dentro de su universo. Así se generan generaciones que viven con una mentalidad escindida. Baste con recordar esa frase esa definición terrible instalada en el inconsciente: “El Perú se divide en costa, sierra y selva”. Se da énfasis a la división y no la integración: “el Perú está compuesto por costa, sierra y selva”. El lenguaje con que nos referimos a nosotros mismos tenemos que revisarlo. El gran desafío no es incorporar programas educativos con contenidos culturalmente adaptados sino ponerlos en práctica, beneficiarnos de la diversidad: comer la gastronomía de los “otros”, saber prepararlos, bailar su música, leer su literatura, conocer sus tradiciones. El Otro soy yo. Yo soy el Otro. Cierto que muchas prácticas culturales desbordan lo individual y comunitario y caen el campo de responsabilidad del Estado, son motivo de políticas públicas destinadas al conjunto de la sociedad.

 

Urge incluir en la agenda nacional el tema Cultura y Vida Asociativa. El Estado no puede distanciarse del Soberano –el pueblo elector-, pues no se trata de que cada cinco años el ciudadano emita su voto y luego se le olvide. En democracia, la ciudadanía tiene el derecho y el deber de intervenir activamente en la ejecución de las políticas y programas del gobierno. Pongo algunos ejemplos de proyectos donde cultura y sociedad organizada, pueden lograr grandes avances:

 

 

• Creación de un programa de incentivos, de “oportunidades”, para que grupos humanos tradicionalmente desfavorecidos, sin posibilidades de acceder a las universidades o institutos de educación superior, puedan tener acceso a ellos. Estos estímulos ya existen en países vecinos. Los apoyos pueden consistir en becas, ayudas para el transporte, facilidades de residencia, pago de matrículas, así como la adopción de un sistema de cuotas en las universidades públicas y privadas, vacantes que se podrían otorgar según criterios como: pertenencia a un determinado grupo etnocultural, lingüístico (hablantes de lenguas amazónicas o altoandinas), lejanía geográfica o dificultad de acceso a los centros de estudio escogidos, obstáculos de género, minusvalía física o de extrema pobreza. Esto además de garantizar el incremento del número de profesionales capaces de trasmitir sus saberes en lenguas locales, en el caso de jóvenes indígenas, sería una fuente importante de justicia social y tendría un marcado efecto multiplicador en sus propias comunidades. Ahora que, en buena hora, se advierte prosperidad en las universidades privadas, sería un deber de equidad nacional contribuir con un programa como éste, facilitando plazas para jóvenes indígenas.

 

• Instituir una Alta Autoridad de Lucha contra toda forma de Discriminación (AALDI). Existen experiencias exitosas de este tipo en diversos países del mundo. En el nuestro, la implementación de una institución de este tipo es tanto más necesaria por el significativo número de casos registrados y por la relativa impunidad con que se producen: discriminación en el acceso a áreas abiertas o públicas como las playas u otras zonas de recreo; existencia de programas radiales o televisivos que difunden contenidos que denigran determinados grupos humanos como los afrodescendientes, los altoandinos o amazónicos; discriminación en los exámenes de ingreso a las Fuerzas Armadas y policiales; discriminación en el acceso a los empleos en el sector público y privado. Esta Autoridad no sólo tendría como misión el informar al público cuándo se produce un acto de discriminación, sino también el de difundir y reconocer y premiar las buenas prácticas de las instituciones, empresas, y sociedad civil, que evitan la discriminación y practican la igualdad de oportunidades (por ejemplo, en algunas instituciones públicas y en empresas se ha promovido el concepto de “Administración Intercultural” y existen oficinas de “gestión de la diversidad”). 

 

• Creación de un programa de reconocimiento a las Personalidades de la Cultura Popular y Tradicional, destinado a la atención de aquellas individualidades que han consagrado su vida a compartir sus talentos y técnicas considerados de elevado valor social, histórico, cultural o artístico, como son los saberes de salud tradicional, agricultura endógena, las habilidades en artes populares, expresiones artísticas etc. Esta iniciativa sería complementaría con la creación de un Programa Nacional, ‘Haz valer tu Saber’, destinado a validar los conocimientos y destrezas de los Maestros en artes y oficios tradicionales y populares mediante un examen apropiado. Se incluiría una formación suplementaria ad-hoc, para el desarrollo de sus habilidades y conocimientos, así los Maestros experimentados y las nuevas promociones estarán mejor preparados para asumir un empleo formal al añadir un valor agregado a los saberes prácticos ya adquiridos (mejorar su aptitud de “empleabilidad” le llama la OIT). El período de capacitación podría ser de cinco meses (150 horas) , que los conduciría a la obtención del Diploma de Maestro Artesano (destinado a aquellos que cuenten con una reconocida experiencia en su ramo) y de tres meses (100 horas) para los que postulen a un Brevet de Artesano. Entre los oficios comprendidos en este programa podrían estar la carpintería, herrería, costura, cocina regional, tejidos, sanadores, boticarios, herbolarios, pintores, músicos, danzantes, entre otros. El Programa podría realizarse en convenio entre el INC, el Ministerio de Educación y el de Trabajo. Dos cientos mil nuevos empleos podrían crearse con esta modalidad en cinco años.

 

• Establecimiento de la Ley del uno por ciento para la promoción de la vida asociativa: el Estado cuenta con un Presupuesto General de República que con incluye rubro alguno dedicado a promover la intervención del pueblo organizado en la ejecución de los grandes objetivos de desarrollo, como si esta fuera solamente preocupación de los empleados públicos. Una ley de este tipo puede tener efectos exponenciales con solo el uno por ciento del presupuesto del Estado, que se asignaría mediante fondos concursables convocados a nivel de cada una de los escalones institucionales (Ministerios, regiones, municipalidades etc). Con este mínimo porcentaje se puede generar una movilización masiva y coordinada de la población –a través de asociaciones previamente reconocidas- que le ayuden al Gobierno central a cumplir con los objetivos de desarrollo económico, social, educativo, cultural, científico, de salud, de defensa civil, de seguridad ciudadana, que el país requiere, y que el Estado no puede ejecutar únicamente con los funcionarios públicos. La adopción de una ley de fomento de la vida asociativa podría impulsar a cientos de miles de personas a organizarse en una constelación de asociaciones de base, que realicen acciones concretas en favor de los programas prioritarios establecidos por el Estado, sea en materia de reducción de pobreza, alfabetización de adultos, promoción de igualdad de oportunidades, programas de prevención del SIDA, de educación en derechos humanos, de formación en gestión de pequeñas y medianas empresas, como en campañas a favor de la buena salud y la preservación del medio ambiente, la organización de la defensa civil en casos de desastres y de conflictos, en campañas contra la violencia familiar y conyugal. Hay muchas demandas urgentes que un Estado aislado no puede responder porque resultaría muy costoso movilizar a un contingente de funcionarios, mientras si sería posible movilizar a miles de ciudadanos voluntarios y altruistas (que no cobran), por ejemplo para combatir la violencia familiar con un enfoque preventivo y no policial, o reducir los flagelos del alcoholismo y el tabaquismo con programas de educación preventiva de largo plazo y no solo “campañas” publicitarias costosas, como se pretende ahora. Programas de este tipo tendrían que estar necesariamente en manos del movimiento asociativo, con apoyo de los ministerios respectivos. Hay desafíos que no pueden ser resueltos con una visión tecnocrática, “desde arriba”, sino con una estrategia desde abajo, donde están los actores sociales.”No se puede luchar contra la pobreza sin los pobres, ni mejorar la salud pública sin los enfermos”. Hay en el país problemas de salud pública que no podrán jamás ser resueltos aunque se consagre todo el presupuesto de la República a los programas del Ministerio de Salud, como sería el atender a los dos millones y medio de asmáticos, a los 3 millones de diabéticos o a los 3 millones de enfermos por las secuelas del tabaquismo y el alcoholismo. Los propios afectados tendrían que organizarse en asociaciones para que ellos mismos lleven a cabo planes sistemáticos y durables de prevención, de conocimiento colectivo de sus enfermedades, y de compra de sus medicamentos. El Ministerio de Salud tendría, así, que destinar un 1% de su presupuesto para que estas asociaciones, debidamente fiscalizadas, realicen actividades a gran escala de prevención y cuidado. Lo mismo podría hacer le Ministerio de Educación para erradicar de una vez por todas el analfabetismo de adultos. O Defensa Civil para formar los equipos de intervención rápida cuando se produzcan desastres naturales, y no ocurran las desbandadas cuando se dan con los terremotos, huaycos o friajes. O el Ministerio de Interior cuando tenga que ejecutar programas contra la violencia familiar o juvenil. Aquí lo que importa es el carácter masivo de las acciones y poder contar, cuando la situación lo exija, con una población organizada y participando activamente en la construcción de sociedad y en la defensa nacional.

Para llevar a cabo estas iniciativas, que no son fáciles y requieren un aprendizaje, no estoy hablando únicamente de la participación del Congreso, de los diferentes órganos del Ejecutivo, de las instituciones educativas o incluso de las ONG nacionales o internacionales, sino del vasto y rico tejido que forma nuestra propia sociedad civil. Estoy hablando de la vida asociativa de base, que nace en los ámbitos populares, en esas 20 mil comunidades y municipalidades rurales, que surge en los barrios populares de ciudades pequeñas o grandes, que constituyen espacios privilegiados de diversidad cultural y de una interculturalidad activa.

 

 

Instituir un Ministerio de Cultura en el Perú

 

Ciertamente que, en el plano institucional, el esfuerzo mayor desde el Estado sería la creación de un Ministerio de Cultura, que se convertiría en la plataforma de base que impulsaría esta clase de iniciativas. Con su creación se llenaría un flagrante vacío institucional, pues para una nación como el Perú, con esmeradas culturas de cinco mil años de antigüedad, con una rica biodiversidad y diversidad cultural, y un patrimonio material e inmaterial floreciente, no contar con un Ministerio dedicado a este ámbito constituye una grave anomalía en la estructuración del Estado. La creación de un Ministerio de Cultura respondería a una realidad histórica y social viva y en constante movimiento. Y ese no es el caso de todos los ministerios. Claro, para que no sea un aparato pesado y costoso, como esos ministerios “sectorialistas” preocupados por la división del trabajo y no por la fluidez de la cooperación interdisciplinaria, se tendría que diseñar un ministerio que tenga en cuenta las tendencias de la globalización, y en el caso del Perú que haga de la cultura un recurso para el desarrollo económico y social, un factor de cohesión social, y una fuente de creatividad e innovación.

 

Este es el gran desafío cuando se trata de crear o reformar ministerios de cultura. Al estructurar sus ministerios los países buscan modelos que respondan a sus realidades geográficas, a sus opciones geopolíticas. No hay un modelo único. Turquía e Indonesia asocian al trabajo propiamente cultural (preservación del patrimonio y promoción de las artes y las culturas vivas) el campo del turismo, de este modo el turismo internacional financia en parte el turismo local y los planes de conservación del patrimonio que disponen. En el Caso de Corea, además del Turismo el ministerio de Cultura incluye el Deporte, pero en su acepción de cultura los coreanos enfatizan, junto a la preservación de sus culturales ancestrales, la promoción a fondo de las nuevas tecnologías de la comunicación, en particular el cine , los dvd, el diseño digital, etc. Madagascar por su parte se ha dado un Ministerio de Cultura y Medio Ambiente, pues es una isla densa en biodiversidad, que cuenta con un acervo de saberes locales que permiten su mantenimiento.

 

De tener un Departamento de Cultura en el Ministerio de Educación, Chile cuenta desde el 2002 con un Consejo Nacional de Cultura, de rango ministerial, que prioriza el enfoque de “ciudadanía cultural”. Mientras Costa Rica incorpora en sus tareas la atención a la Juventud y la Mujer, para marcar la vocación participativa del ministerio, el de Brasil, suma a su trabajo sectorial programas nacionales contra la discriminación racial y a favor de la cohesión social. En lugar de un rosario de pequeñas instituciones existentes en el Ecuador, el Presidente Correa instituyó apenas empezó su gobierno un Ministerio de Cultura con vocación inclusiva y de desarrollo, cuyo diseño final fue confiado a un equipo UNESCO, del que formé parte. ¿Qué clase de ministerio le convendría al Perú?

 

En una conferencia en Lima en julio del año pasado sobre la cultura como recurso estratégico, de la que la prensa se hizo eco, ya había argumentado que, respondiendo a una realidad específica, al Perú le convendría un Ministerio del Patrimonio Cultural, Natural y Turismo, porque se trata de campos que vienen trabajando juntos, que resultan claramente complementarios, y que la ley debía consagrar ahora este trabajo orgánico. El excepcional patrimonio monumental del Perú esta ubicada en espléndidos escenarios naturales, cuenta además con un rico acervo artístico y artesanal que puede ser fuente a al vez de la proliferación de empresas culturales y creativas, el país se ubica por otra parte entre los países que tienen mayor biodiversidad en el mundo, y es un destino preferencial de turismo cultural y natural, alcanzando el sector turismo una prosperidad que no comparten las empobrecidas instituciones que preservan el patrimonio cultural y natural, dándose la paradoja de que el sector cultural subsidia en la practica al sector turismo.

 

Un Ministerio que reúna estos tres campos permitiría corregir estas disfunciones. Así, los legítimos criterios de mercado del sector turismo serían mejor escuchados y atendidos. Unidos podrían enrumbarse hacia programas de largo plazo, inscritos en una lógica de turismo durable, diversificado y equitativo, para no matar a esas gallinitas de los huevos de oro que son Machu Picchu y el Señor de Sipán. Se prestaría también la atención debida al turismo nacional, como factor de cohesión social y autoestima colectiva, promoviéndose el turismo familiar y el juvenil. Habría también una mayor comprensión ante los imperativos de preservación de los recursos naturales y la plena conservación de los sitios históricos o culturales. Hoy en día, todos los Planes Maestros de preservación de sitios patrimoniales exigen la convergencia de esos tres sectores: las autoridades del sector cultural, del sector medio ambiente, y del sector turismo. Esta alianza es altamente conveniente para los tres asociados, pues permite una fluencia en la concepción y ejecución de grandes programas de interés nacional –como los de infraestructura y servicios-, y que van en sentido de una sinergia intersectorial que favorece la reducción de costos en los proyectos.

 

Sabemos que hace unos meses se creó el Ministerio del Medio Ambiente, fracturándose de algún modo la racionalidad del trabajo conjunto. Si no es posible su reunificación, el premio consuelo sería la creación de un Ministerio de Cultura y Turismo, que incluya en su seno las tareas de promoción del diálogo intercultural y de cohesión social, tan necesarias para el país. La otra entrada de la cultura en otra corriente intersectorial sería unirse con el campo de las ciencias y la tecnología, en un Ministerio de Cultura, Ciencia y Tecnología, de modo a privilegiar la innovación y la creatividad, y vincular la diversidad cultural con la investigación en el campo de la biodiversidad, tan importante en el Perú. Ministerios con estas características serían, además de entidades de servicios educativos, culturales y científicos, ministerios de la producción y ministerios al servicio del desarrollo y la gobernanza democrática del país. 

 

 

 

 

1 Revista Concertando para el Cambio, n° 2, Lima 2001.

 

* Edgar Montiel es Funcionario Internacional (Perú). El autor se expresa a título estrictamente personal, París/Lima, enero 2009